Nuevo México, al igual que el gobierno federal y un número cada vez mayor de estados en los últimos años, ha estado cambiando antiguas prácticas disfuncionales para proteger mejor la seguridad pública y mejorar la imparcialidad de su sistema de justicia previa al juicio. Todas las jurisdicciones que han estudiado seriamente el problema han concluido que las reformas significativas en la forma en que distinguimos entre los detenidos que mantenemos en prisión preventiva y aquellos que pueden permanecer en libertad hasta que se determine su culpabilidad en el juicio solo son alcanzables si se pasa de un sistema basado en el dinero a uno de libertad y arresto basado en la evidencia de riesgo.
En los últimos años, Nuevo México ha dado dos pasos importantes en esa dirección:
- La aprobación por parte de la Legislatura de Nuevo México (91% a favor) y de los votantes (87% a favor) de una enmienda constitucional que otorga a los jueces la nueva autoridad para denegar la liberación a acusados que se demuestre que son peligrosos, sin importar cuánto puedan pagar por una fianza, y que garantiza que los acusados que no representen un peligro ni un riesgo de fuga no puedan ser encarcelados antes del juicio solo porque no pueden pagar una fianza.
- En julio de 2017, la Corte Suprema, tras la recomendación de un amplio comité de reforma de fianzas, emitió reglas judiciales para hacer cumplir los mandatos de la nueva enmienda constitucional, proteger mejor la seguridad pública y mejorar la protección igualitaria de la ley. Obtenga más información
Datos clave y legislación sobre la libertad provisional y el arresto
